Inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esta presunción es básica para la seguridad jurídica de cualquier Nación, y así lo contemplan los pactos internacionales. El problema se presenta cuando una sociedad como la tucumana asiste pasmada a una ola de violencia e inseguridad que le hace dudar de cualquier desconocido. Y exige respuestas. Primero a la Policía, encargada de la prevención y de la represión del delito. Y luego a la Justicia, cuya función es castigar a los que delinquen. Pasó más de un año y tres meses desde que el Aeropuerto fue escenario de un violento asalto. En total 23 personas fueron imputadas. A 14 de ellas se les dictó prisión preventiva. Pero hoy sólo quedan, por ahora, tres detenidos. ¿Son inocentes? El Derecho dice que por ahora sí. ¿Deben estar en libertad? Las leyes también dicen que sí ya que aún no se los juzgó. ¿Tienen que estar en libertad? Ese es el problema. El fiscal Guillermo Herrera los considera peligrosos. La jueza Mirta Lenis de Vera también. Pero la Cámara discrepó y liberó a 12 personas. Dos de ellas ya fueron detenidas nuevamente, por asaltos violentos. Sin prejuzgar, los camaristas tenían elementos para determinar si los acusados son peligrosos, y decidir si siguen presos hasta que se concrete el juicio o por lo menos hasta que cumplieran los dos años de prisión preventiva que establece el Código Procesal Penal. Pero en la Argentina nunca se sabe cuánto demora una causa en llegar a juicio: la del Aeropuerto aún está en Instrucción. La Policía y la Justicia se miran de costado y la sociedad queda en el medio. Ya nadie cree que la inseguridad siga siendo sólo una "sensación".